Rechazan la domiciliaria de un condenado que está alojado en una comisaría desde 2023

La Justicia rechazó por unanimidad el pedido de prisión domiciliaria presentado para un hombre que cumple una condena en la Comisaría 25 de Junín de los Andes desde 2023. El Tribunal de Impugnación confirmó las resoluciones anteriores, pese a los cuestionamientos de la Defensa Pública sobre las condiciones de detención y la falta de un establecimiento habilitado para ejecutar la pena.

La solicitud fue impulsada por la defensora de Circunscripción María Sol Valero y el funcionario Federico González Vital, quienes propusieron que el condenado permaneciera temporalmente en un domicilio con monitoreo electrónico, prohibición de acercamiento y contacto con la víctima y otras reglas de conducta. La medida debía mantenerse hasta que el Estado garantizara un lugar adecuado para cumplir la condena.

Durante las audiencias declararon el jefe de la dependencia policial, una asistente social y un representante del Comité Provincial contra la Tortura. Según expuso la Defensa Pública, la comisaría tiene una capacidad real para tres personas, aunque en una de las audiencias había seis alojadas.

Entre las deficiencias señaladas figuran humedad en las paredes y el suelo, falta de luz natural y una única letrina sin inodoro. También se advirtieron dificultades para las visitas, que se realizan en un patio descubierto y deben suspenderse cuando el clima no lo permite. Además, una disposición interna impide el ingreso de menores de edad.

González Vital sostuvo que el jefe policial reconoció que el establecimiento no cumple plenamente con los parámetros de la legislación de ejecución penal. También indicó que tanto el juez de ejecución como el Tribunal de Revisión habían reconocido que la Comisaría 25 no está habilitada ni reúne las condiciones para funcionar como lugar de cumplimiento de una pena de prisión.

Al fundamentar el rechazo, los integrantes del Tribunal de Impugnación consideraron que las decisiones anteriores no fueron arbitrarias ni irrazonables y señalaron que la prisión domiciliaria debe encuadrarse en los supuestos previstos por la legislación vigente. La Defensa, en cambio, sostuvo que su planteo no se basaba en motivos de salud, edad avanzada o maternidad, sino en la necesidad de evitar que el condenado continuara alojado en un espacio inadecuado.

Los representantes del Ministerio Público de la Defensa cuestionaron además que, frente a las irregularidades reconocidas, la respuesta estatal se limitara al envío de comunicaciones a distintas autoridades, sin concretar el traslado a una unidad de detención adecuada. Según el planteo, la situación se mantiene desde hace casi cuatro años.

La propuesta de arresto domiciliario incluía mecanismos para controlar el cumplimiento de la condena y proteger a la víctima. De acuerdo con lo expuesto en el expediente, una asistente social consideró que el domicilio ofrecido reunía las condiciones necesarias y el organismo provincial responsable de las tecnologías de la información confirmó que allí podía instalarse un sistema de monitoreo electrónico.

El planteo de la Defensa también invocó garantías y normas sobre los derechos de las personas privadas de libertad, entre ellas la Constitución Nacional, la Constitución de Neuquén, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las Reglas Mandela. Los jueces, por su parte, reconocieron la existencia de deficiencias en el sistema penitenciario y en las dependencias policiales, aunque sostuvieron que deben reclamarse soluciones mediante las herramientas previstas por la normativa.

Entre las vías mencionadas por el Tribunal figuran las audiencias de ejecución penal y la presentación de un hábeas corpus urgente, que permite solicitar medidas concretas y establecer plazos para corregir irregularidades. Tras el rechazo, la Defensa dejó planteada la reserva del caso federal y analiza presentar un nuevo recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén.