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Violencia familiar: buscan modificar la ley para ampliar la protección de las víctimas

El bloque Partido Demócrata Cristiano presentó un proyecto para ampliar la protección de las víctimas de violencia familiar. A tal fin, la iniciativa modifica tres artículos de la ley 2785, reforma orientada a que el Estado garantice la adecuada asistencia letrada de las víctimas, y a incrementar la capacidad de los jueces y las juezas para actuar frente al incumplimiento de las medidas cautelares previas dirigidas al agresor.


En ese sentido, se propone modificar el artículo 20°, asegurando que, con la nueva redacción, se equipara la garantía procesal del patrocinio o asistencia letrada a la víctima de violencia familiar con la contenida en la ley 2786, de violencia de género. Se parte de entender que en muchos casos se trata de la misma situación de violencia, pero que -conforme el criterio judicial- cuando se presenta en el ámbito intrafamiliar no es encuadrada en el marco de la ley de violencia de género sino de violencia familiar.


Para asegurar, entonces, la asistencia letrada de la víctima en todo momento, será obligatoria la presencia del defensor o letrado en todas las audiencias durante el trámite del proceso, así como también durante la etapa de control de la situación de violencia.

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En tanto, la modificación del artículo 28° busca ampliar el plazo por el cual el juez o la jueza podrán disponer la medida de arresto del agresor que viola las medidas cautelares ordenadas, al tiempo que les impone la obligación de disponer su arresto en los casos en que se violen medidas dispuestas, con el fin de preservar la integridad física o la vida de las personas en riesgo.


Finalmente, la reforma sobre el artículo 29° implica eliminar el requisito vigente que demanda la reiteración de la conducta de desobediencia para habilitar al juez a poner el hecho en conocimiento de la fiscalía correspondiente.


Los fundamentos aseguran que “la problemática de violencia familiar requiere de una especialísima atención y de una permanente revisión de manera de que se articulen en forma eficiente todas las herramientas jurisdiccionales y administrativas preventivas y sancionatorias”.