El fiscal del caso Adrián De Lillo solicitó recientemente que se rechace el requerimiento de sobreseimiento de siete personas que están acusadas de usurpación en distintos lotes en la ciudad de Villa La Angostura. El planteo lo hizo ante un juez de garantías durante una audiencia realizada el pasado lunes por la mañana.
Villa La Angostura: MPF solicitó que se rechace pedido de sobreseimiento de acusados por usurpación
Se trata de un pedido de sobreseimiento de siete personas acusadas de usurpación en distintos lotes de Villa La Angostura.
Cabe mencionar que De Lillo solicitó que los acusados, miembros de la comunidad mapuche Paicil Antriao, vayan a juicio en diciembre próximo. A su vez, esta solicitud fue la respuesta al pedido de sobreseimiento del abogado de los imputados, sobre la base de que supuestamente los plazos del proceso penal están vencidos y que la acción penal prescribió.
Los argumentos de De Lillo para requerir el rechazo del sobreseimiento, y a los que adhirieron los abogados querellantes que representan a las víctimas, fueron en términos generales dos:
Sobre el vencimiento de plazos, aseguró que existió un proceso de diálogo entre las partes para buscar una solución del conflicto, que estuvo a cargo de la Oficina de Mediación y Conciliación del MPF. Este proceso fue voluntario de todas las partes e implicó la suspensión de los plazos por acuerdo entre estas partes, sin la necesidad de autorización jurisdiccional, en los términos del artículo 79 del Código Procesal Penal.
El fiscal del caso remarcó que desde noviembre de 2019 cuando comenzó la mediación “nunca existió controversia en este aspecto hasta agosto de 2024 cuando la querella pidió el cese del proceso de mediación”. En este sentido, puntualizó que el abogado defensor “nunca manifestó oposición” hacia dicho proceso.
Además, señaló que de acuerdo a doctrina establecida por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la provincia, el plazo de tres años de duración del proceso penal fijado por el Código Procesal Penal en el artículo 87 es inconstitucional.
En relación al planteo sobre la prescripción de la acción penal, el fiscal del caso indicó que existe un informe de la Policía provincial del pasado 7 de octubre de 2024, que señala que las usurpaciones continúan. “El despojo de la propiedad se mantiene mientras el ocupante se mantiene; acá estamos en presencia de un delito permanente”, destacó. Añadió que “el plazo de prescripción no comenzó a correr porque deben empezar a computarse cuando el delito cesa; los lotes siguen ocupados acá, por ende no ha comenzado a correr dicho plazo”.
Los hechos bajo investigación y por los cuales el Ministerio Público Fiscal impulsó las acusaciones son tres:
- El primero, entre el 7 y 10 de febrero de 2018. Un varón, A.L.H, y una mujer, R.D.C.B, despojaron en forma total de la posesión a dos propietarios de un lote ubicado en calle Traful, mediante clandestinidad. Aprovecharon la ausencia de los propietarios, invadieron el terreno e instalaron dos carpas que ocuparon en forma continua y permanente. Semanas después, construyeron una vivienda precaria. Ambos fueron imputados por el delito de usurpación en calidad de coautores.
- El segundo hecho, fue el 13 de junio de 2018. Alrededor de las 11, un varón, D.E.P.M, formó parte de un grupo de alrededor de 20 personas que se presentaron como integrantes de la comunidad mapuche Paicil Antriao, y fueron hacia la casa del cuidador de un lote ubicado en calle Traful que es propiedad de Emanuel Ginóbili. Amenazaron a este cuidador, quien estaba con sus hijas menores de edad, invadieron el predio y lo obligaron a retirarse. Así, despojaron del predio al propietario. El delito por el cual fue acusado D.E.P.M es usurpación en calidad de coautor.
- El último hecho, fue el 23 de agosto de 2018. Alrededor de las 10.30, un grupo de personas que se presentaron como miembros de la comunidad mapuche Paicil Antriao, fue hacia un predio ubicado sobre calle Traful, en el que trabajan operarios. Dentro de este grupo estaban D.A.O, A.S.M y A.L.H, quienes invadieron el lugar y amenazaron a los operarios, indicándoles que debía irse.
Luego, otros cuatro integrantes del grupo, D.E.P.M, N.G.C, A.L.H y A.S.M, ocuparon el primer piso de la obra en construcción en el terreno. De este modo, el propietario del lugar fue despojado parcialmente de la posesión que tenía, ya que mantuvo la posesión de la planta alta a la cual colocó tabiques de madera en las aberturas.
Dos días después, el 25 de agosto, alrededor de las 5, un grupo de personas entre los que estaban L.J.C y A.S.M, quitaron los tabiques de madera con violencia y amenazaron a cuatro operarios que permanecían en la planta baja. Así, ocuparon el predio y despojaron de modo total al propietario de la posesión del inmueble.
El delito atribuido fue usurpación en calidad de coautores, la fecha de juicio fue establecida por la Oficina Judicial para mediados de diciembre próximo y, a su vez, el juez de garantías Ignacio Pombo, informó que dará a conocer la resolución el jueves 31 de octubre a las 12.