Mediante un detallado escrito que dio cuenta del recorrido judicial previo al femicidio de Guadalupe Curual, ocurrido el 23 de febrero pasado en Villa La Angostura, de las normas de protección vigentes y de una evaluación respecto de las responsabilidades de los funcionarios del Estado que intervinieron en cada momento, la fiscal del caso Carolina Mauri (de la Unidad fiscal Violencia de Género y Doméstica) consideró que en el marco de esas actuaciones no se cometieron delitos penales.
Villa La Angostura: desestimaron la denuncia contra un juez
La fiscal del caso consideró que no se cometieron delitos penales en la causa por el femicidio de Guadalupe Curual en Villa La Angostura.
La investigación que realizó Mauri surge de una denuncia radicada por la titular del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, dos días después del femicidio, el 25 de febrero. En el escrito, la funcionaria solicitó que se investigara “la posible existencia de delitos de acción pública, relacionados con las actuaciones de los y las funcionarias judiciales en la protección e investigación de los hechos puestos en conocimiento por parte de Guadalupe Curual, cuya integridad física se encontraba amenazada”.
Para el análisis del caso, la fiscal propuso un escrito de 40 páginas en el que detalló la legislación que rige las intervenciones judiciales ante situaciones de violencia de género, los organismos e instituciones que intervinieron en el caso concreto, qué resoluciones adoptaron ante cada una de esas situaciones y, especialmente, si había otras posibilidades de intervención.
En ese abordaje, como cabeza de la intervención judicial previa al femicidio, Mauri se refirió a todas las actuaciones del ex juez Jorge Videla, quien era titular del juzgado en lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería y Familia de Villa La Angostura y quien intervino ante las distintas denuncias y presentaciones de Guadalupe Curual respecto de las situaciones de violencia de género previas al femicidio.
Luego de recorrer una línea de tiempo en la que detalló todas las presentaciones de la joven y todas las respuestas e intervenciones del ex juez Videal, Mauri sostuvo que “del análisis de las constancias del expediente judicial y de los informes remitidos, y en el marco del funcionamiento del Juzgado multifuero a su cargo, y del sistema protectorio general, entendemos que el juez Jorge Videla, en el expediente 12439/2020 - Curual, Guadalupe C/ Quintriqueo, Bautista s/ Situación Ley 2785 dio cumplimiento a las obligaciones protectorias que la Ley 2785 le ordenaba cumplir”.
La fiscal señaló que “ante cada denuncia formulada o entrevista realizada con Guadalupe, el juez y los y las funcionarias de la Oficina de Violencia Familiar dictaron y notificaron las medidas cautelares de protección, ampliaron o modificaron aquellas, y sancionaron su incumplimiento, conforme el marco establecido por la referida Ley 2785”. También que “el juez mantuvo múltiples audiencias, tanto con Guadalupe como con el denunciado Quintriqueo, en las cuales se lo notificó personalmente del alcance de las medidas dispuestas, y se lo orientó sobre cuestiones vinculada con los cuidados personales de la hija en común, que era un punto de conflicto”.
Dos etapas
Además, separó la intervención del entonces titular del juzgado multifueros en dos partes: la primera, entre el 12 de julio y el 26 de noviembre de 2020, y la segunda, cuando tras casi dos meses sin presentaciones judiciales, Guadalupe Curual volvió a realizar una denuncia por una situación de violencia el 8 de enero de 2021.
Respecto de la primera etapa, Mauri evaluó que el cierre la primera intervención judicial se produjo “luego de que durante dos meses no se registraran nuevas situaciones de violencia”, pero también ex juez Videla, en su resolución “hizo saber a los organismos con competencia directa intervinientes que la desjudicialización de la situación no implicaba el cese de la intervención y el acompañamiento de dichos organismos, por lo que deberían continuar con la intervención psicosocial”.
Durante la segunda del proceso, que surgió a partir de la denuncia del 8 de enero, la fiscal estimó que “se dispusieron y notificaron nuevas medidas cautelares, y se requirieron informes a los organismos con competencia directa intervinientes, sobre la continuidad de la intervención con Guadalupe durante el cese del proceso judicial”. Describió que en esta etapa, la joven detalló que en dos oportunidades Quintriqueo incumplió las medidas dispuestas por el juzgado. La primera ocurrió el 22 de enero y, el mismo día, el juez interviniente amplió las medidas cautelares dictadas 11 días antes. La segunda, sostuvo Mauri, cuando el 1 de febrero, “advirtiendo la ineficacia de la medida dispuesta, el juez sancionó a Quintriqueo con la aplicación de astreintes, y modificó y amplió la medida que había dictado, de manera ajustada a las necesidades de Guadalupe”. Incluso, destacó la fiscal, la ampliación de la protección fue “en términos más amplios a los que ella había requerido: suspendió el régimen de contacto de Quintriqueo con la hija que tenían en común y ordenó al Municipio de Villa La Angostura que abonara a su favor un subsidio que le permitiera afrontar el pago de una persona que se encargara de los cuidados de la niña”.
Mauri evaluó que las decisiones adoptadas por el ex magistrado no constituyeron en ningún caso un delito penal y que “la elección que el juez hizo de las medidas aplicadas en primer término y de las que aplicó luego, al ampliarlas, tuvieron vinculación con las necesidades de Guadalupe, relacionadas principalmente con el cuidado de su hija”. Consideró que no es posible sostener que “por haber realizado la elección de ciertas medidas, y no de otras, la conducta del magistrado denunciado quede encuadrada en un incumplimiento a sus deberes como funcionario judicial”.
Finalmente, la fiscal del caso aclaró que “no poder establecer la comisión de un delito en el accionar de quienes intervinieron en el marco del caso judicial de Guadalupe Curual, y, en consecuencia su responsabilidad penal, no implica en modo alguno que deban descartase de plano responsabilidades administrativas o civiles” y que “corresponde sean investigadas y determinadas en otros ámbitos”.
El femicidio de Guadalupe Curual se produjo la noche del 23 de febrero de 2021. Fue perseguida por avenida Los Arrayanes de Villa La Angostura por su ex pareja, Juan Bautista Quintriqueo, quien luego de alcanzarla, la apuñaló con un cuchillo. Tras cometer el femicidio, Quintriqueo se provocó heridas cortantes que derivaron en su internación en un centro de Salud, donde volvió a autolesionarse y murió.