Diputados de nueve partidos políticos presentaron un proyecto en rechazo el impacto que la creación de la empresa Corredores Viales S.A pueda ocasionar sobre los derechos laborales del personal de la Dirección Nacional de Vialidad. La iniciativa solicita, además, la derogación del decreto que crea la firma en tanto afecta y lesiona la autonomía del organismo estatal nacional.
Los fundamentos señalan que la creación de la sociedad Corredores Viales implica la “mayor desregulación y flexibilización encubiertas de la que se tenga conocimiento”. Al mismo tiempo, cuestionan la legitimidad del decreto que dio origen a la empresa, considerándolo extemporáneo y de incierta constitucionalidad, ya que el Poder Ejecutivo Nacional se basó en una ley “delegante ya caduca” para la firma del decreto. “Resulta ilegítimo el intento de cimentar la constitución de una sociedad anónima en una legislación que ya no se encuentra vigente”, afirman los legisladores.
En igual sentido, se califica de “dudosa” la naturaleza administrativa de la firma, al tiempo que aseguran que la medida altera “lisa y llanamente” el régimen constitucional y jurídico que protege al empleado público. Finalmente, los fundamentos explican los motivos por los cuales consideran que debe derogarse el decreto en tanto “el Poder Ejecutivo se ha arrogado atribuciones que no le son propias, pero además ha transgredido en forma flagrante principios y normas que la Constitución y los Tratados Internacionales erigen en Derechos Humanos, favorable al trabajador que se desempeña en la órbita pública”.
El proyecto de comunicación N°11.167 ingresó por mesa de entradas el 18 de octubre de 2017 con la firma de los diputados Javier Bertoldi y Nanci Parrilli (Frente Para la Victoria); Raúl Podestá (Frente Grande); Santiago Nogueira y Jesús Escobar (Libres del Sur); Carlos Sánchez (Unión Popular-UNA); Raúl Godoy (PTS-FIT); Eduardo Fuentes (Frente Neuquino); Patricia Jure (FIT); Alejandro Vidal (UCR) y Claudio Domínguez, Maximiliano Caparros, María Laura du Plessis (MPN).