Las defensorías del pueblo de las ciudades patagónicas solicitaron ayer una audiencia con el ministro de Energía y Minería, para exponer la necesidad de incorporar el concepto de “pobreza energética” en las tarifas de los servicio públicos de gas y electricidad, así como en la determinación de los precios de garrafas y otros fluidos combustibles destinados a la calefacción de hogar, entre otros usos.
El documento que impulsa el concepto de “pobreza energética” fue presentado por la Defensoría del Pueblo y del Ambiente de San Martín de los Andes y aprobado por unanimidad de los defensores patagónicos reunidos en esta ciudad el pasado 28 de marzo.
El escrito fue enviado al ministro Aranguren semanas atrás, y ayer –en el marco de las gestiones resueltas por el plenario- se remitió un pedido de audiencia al jefe de la cartera de Energía, que procura dar continuidad a los reclamos.
Un hogar sufre Pobreza Energética si para mantener satisfactoriamente una temperatura adecuada de calefacción, requiere gastar más del 10% de sus ingresos totales en energía. Si requiere el 20%, entonces el hogar pasa a estar en situación de extrema pobreza energética. De acuerdo a estándares de la OMS, un régimen de calefacción satisfactorio para un hogar es de 23 grados centígrados.
Así surge del documento “Energy Poverty Handbook – 2016” (Unión Europea), pues el concepto de “pobreza energética” nace entre países desarrollados, a propósito del creciente costo de las energías y las deficiencias de los hogares en el aprovechamiento de éstas.
Pero la idea es aplicable a nuestras economías latinoamericanas y particularmente en la Argentina, donde la curva de afectación de ingresos familiares destinados a los consumos de energía es creciente, y para vastos sectores de la sociedad adquiere perfiles dramáticos.