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Salud: venta libre de anticonceptivos de emergencia

Además de esta medida, la cartera de Salud realizó nuevas modificaciones en la ley que regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo.

En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, que se celebra cada 28 de mayo, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, firmó una resolución para aplicar nuevas modificaciones en la Ley 27.610 que regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, y otra que permite ampliar el acceso a los anticonceptivos de emergencia.

De esta manera, la nueva normativa establece que el AHE (Anticoncepción Hormonal de Emergencia) de ahora en adelante se podrá conseguir en las farmacias sin necesidad de contar con una receta médica.

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Ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti.

Ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti.

Es importante remarcar que el uso "de la pastilla del día después" es recomendado como la última instancia para evitar un embarazo no deseado, cuando los otros métodos anticonceptivos (preservativos o pastillas) fallan, se mantiene una relación sin protección o se trata de un caso de violencia sexual.

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Desde la cartera explicaron que la píldora puede ser usada hasta 120 horas más tarde, de haberse concretado el acto, y que estos comprimidos son los únicos autorizados en el país, ya que se demostró que son simples, seguros y eficaces de utilizar.

Anticoncepción hormonal de emergencia (AHE) - Serie Derechos sexuales y reproductivos

IVE/ILE

Por otro lado, además de lo mencionado con anterioridad, la nueva edición de la Ley 27.610 tiene como objetivo garantizar la calidad de las prácticas y la disponibilidad de los mejores estándares de atención en todo el país. En este sentido, hay al menos cuatro cambios que se enmarcan en las recomendaciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud).

Las cuales son: que se elimine la criminalización del aborto y se aborde, en todos los casos, desde una política sanitaria, al mismo tiempo que se insta a que los países dejen de criminalizar de manera efectiva a las personas que interrumpen o ayudan a terminar con un embarazo.

Además, reconocen que el personal médico de todas las especialidades pueda participar en el proceso del acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, y propone eliminar todos los requisitos que no resulten clínicamente necesarios para la seguridad de la práctico de interrupción.