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Neuquén: Buscan ampliar la licencia por violencia de género

El proyecto establece que todos los municipios de Neuquén adhieran a la ley 3288 que establece la licencia especial por motivos de género.

Los bloques MPN, Juntos, Frente Nuevo Neuquén y Unión Popular Federal – Frente Renovador presentaron un proyecto en la Legislatura de la Provincia de Neuquén para que todos los municipios adhieran a la ley 3288 que establece la licencia especial por motivos de género con goce de haberes en los tres poderes del Estado.

Con ese objetivo, la iniciativa propone modificar el artículo 8 de la norma que sólo planteaba la adhesión de los municipios de primera categoría. Al no incorporar al resto, se genera un impedimento legal para que todos los municipios puedan incorporar esa licencia sancionada por ley 3288 a su normativa local.

El proyecto (14874) ingresó por Mesa de Entradas el 2 de diciembre y lleva las firmas de Maximiliano Caparroz, Liliana Murisi, Javier Rivero, Fernanda Villone, Germán Chapino, María Laura du Plessis, Ludmila Gaitán, José Ortuño, Carina Riccomini, Carlos Sánchez, Fernando Gallia y Lorena Abdala.

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Nuevo proyecto en la Legislatura de Neuquén.

Nuevo proyecto en la Legislatura de Neuquén.

Actualmente, la medida alcanza en los municipios de primera categoría a todos los organismos del Poder Ejecutivo, así como también a los Poderes Legislativo y Judicial, a los organismos de control y extrapoderes, entes autárquicos y descentralizados, empresas del Estado y sociedades de economía mixta con participación estatal mayoritaria de la provincia. A la vez, convoca a los municipios de primera categoría a adherir.

Los fundamentos mencionan que la ley apunta a visibilizar y reconocer un derecho laboral que abarca tanto a las mujeres como al colectivo LGTBIQ+ que desempeñan funciones en el sector público de la provincia y que son víctimas de hechos de violencia de género.

Aseguran que constituye una propuesta para “dar respuesta a esta problemática: la violencia por razones de género mata y debe ser combatida y prevenida”.

En otro tramo explican que, ante la necesidad de preservar la fuente laboral, las víctimas de violencia deben buscar distintas vías alternativas cuando tienen que ausentarse en el trabajo para cumplir con requerimientos judiciales o administrativos, o incluso ante la necesidad de requerir para sí o sus hijos e hijas de medidas de seguridad especiales, situación que invisibiliza la problemática y sesga el derecho a la protección integral.