A partir de la contratación de una profesional del derecho que dará iniciación al cuerpo de abogados y abogadas, la provincia de Neuquén puso en funcionamiento el servicio de asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito para personas víctimas de violencia de género. Se da en cumplimiento con lo establecido en la Ley 3106, que tiene el objetivo de facilitar el acceso a la justicia.
Neuquén: asesorarán a víctimas de violencia de género
En la provincia de Neuquén ya funciona el servicio de patrocinio jurídico para personas víctimas de Violencia de Género, en cumplimiento con la ley 3106.
Convocada por su idoneidad para llevar adelante el asesoramiento requerido, la abogada fue contratada para prestar servicios en la IV Circunscripción Judicial, que tiene como cabecera a la ciudad de Junín de los Andes.
Para este proceso de selección, se tuvieron en cuenta los antecedentes laborales, la evaluación de un examen y la participación en dos capacitaciones; una de perspectiva de género que dictó la subsecretaría de la Mujer, y otra de victimología, a cargo del Centro de Atención a la Víctima (CAV).
Cabe recordar que este cuerpo brindará asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito a las mujeres víctimas de violencia de género, sin que resulte necesario el requisito de carencia de recursos económicos. El cuerpo fue reglamentado por decreto N° 1469, en diciembre de 2020.
En total fueron doce los letrados y letradas que se inscribieron para formar parte del mismo. Para establecer la orden de mérito, además de los requisitos mencionados anteriormente, se consideró la antigüedad de ejercicio profesional, los títulos de posgrado, maestrías y doctorados en relación al requerimiento. También se tuvo en cuenta el ejercicio de la docencia universitaria, publicaciones y dictados de conferencias, presentación de trabajos y ponencias en congresos.
Para la conformación del cuerpo, la provincia avanza para la contratación de abogados y abogadas para la primera circunscripción judicial de Neuquén, como para el resto de las circunscripciones judiciales del interior.
La autoridad de aplicación es el ministerio de Gobierno y Seguridad, con intervención de la subsecretaría de las Mujeres, dependiente del ministerio de Ciudadanía.