Los 7 concejales de Villa La Angostura: por el del MPN: David Alberto Tressens Ripoll, Walter Luis Espíndola, Ruth Melisa Salamanca; por el PRO Marta Noemi Cicconi; por el FdT Maria Eugenia Mesa, Sergio Javier Troche, y por Primero Angostura, Agustina Vaca Arenaza, fueron imputados este viernes por el delito de desobediencia a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones, en carácter de coautores.
Además, al presidente del cuerpo, David Alberto Tressens Ripoll, también se le formularon cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público, en calidad de autor.
Los argumentos de la Fiscalía que han sido claves en el proceso fueron los de la Secretaria Parlamentaria, y los de la asesora legal del Concejo Claudia Crocco.
Magalí Díaz, Secretaria parlamentaria, declaró que el Presidente del Concejo, David Tressens le informa en la tarde del 14 de enero, sobre la existencia del mail donde el juez había dispuesto la medida cautelar y que disponía la suspensión de la sesión extraordinaria. También la citó a Díaz para que concurriera al día siguiente, el 15 de enero, a las 9 de la mañana porque ya no tenía sentido ir a las 8 si la sesión había sido suspendida; y que él se encargaría de reenviar el correo electrónico a todos los concejales.
También Magalí Díaz aseguró en su declaración que, en horas de la noche del día 14 de enero, Tressens la citó a las 8 de la mañana del día siguiente porque la sesión se iba a hacer igual, mediante la negativa de la secretaria de asistir, Tressens le pidió que vaya antes para mostrarle cómo hacer con el sistema de grabación y que entrara oculta. Le pidió que dijera que se encontraba indispuesta, cosa que no era verdad.
La imputación además se basa en el testimonio de la asesora legal del concejo, Claudia Crocco, quien sostuvo que el jueves 14 se comunica con Tressens en cuanto toma conocimiento de la medida del Juez y le manda la resolución adjunta, diciéndole que se suspendió la sesión.
La Justicia entendió que de los testimonios de Díaz y Crocco se desprende que los ediles conocían la existencia de la medida cautelar y resolvieron avanzar de todos modos con la sesión.
Sumado a esto, según describió el asistente letrado Amaya, Tressens, en su carácter de presidente del Concejo Deliberante, retrasó la apertura de las puertas del edificio para evitar que se pusiera en evidencia el incumplimiento de la orden de no realizar la reunión, impidiendo el ingreso de la funcionaria de Justicia quien fue a notificarlos.
El juez de garantías, Nazareno Eulogio, tuvo por formulados los cargos y declaró el caso como complejo ya que son 7 las personas imputadas, y fijó un año de plazo de investigación.