Legisladores avanzan en la discusión del proyecto que establece licencias para los que sufren violencia

La iniciativa había recibido la incorporación de un artículo durante su debate en la comisión de origen en la que, finalmente, logró el acompañamiento unánime de las diputadas y diputados. El artículo séptimo que se incluyó a la redacción inicial es el que señala que el uso de esta licencia no debe perjudicar los ascensos, recategorizaciones o modificaciones de estructura a los que tenga derecho la persona solicitante, ni su remuneración. También agrega que el uso de la misma no elimina ni compensa otras licencias a las que se tenga derecho según la legislación vigente.

El proyecto fue girado a la comisión de Presupuesto (B) y contó con el acompañamiento de las diputadas y diputados Caparroz, du Plessis, Gaitán, Gutiérrez (en reemplazo de Fernández Novoa), Salaburu (en reemplazo de Martínez), Peralta, Gass, Montecinos, Peressini, Gallia, Blanco, Rols y Sánchez.

Asimismo, los miembros de la comisión emitieron despacho por unanimidad de un proyecto de resolución que solicita al Poder Ejecutivo provincial la reglamentación de la Ley 3279 (de Investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis) en virtud del plazo establecido en su articulado.

El diputado Lucas Castelli (JC) explicó que el año pasado se sancionó la ley 3279 que en su artículo 15º establece que la misma debe ser reglamentada en un plazo de 90 días desde su sanción y que dichos plazos se encuentran vencidos. Recordó además que ya están abiertas las inscripciones al Registro Nacional de Pacientes en Tratamiento con Cannabis (RECANN) y que es necesario reglamentar esta ley en Neuquén para que las obras sociales cubran estos tratamientos.

Por su parte el diputado Carlos Sánchez (UPF-FR) adhirió a la propuesta y opinó que “el uso medicinal del Cannabis hoy es una realidad” e hizo hincapié en la importancia de que “comience a funcionar para que quienes hoy lo necesitan puedan contar con este recurso”.

En igual sentido, la diputada del Frente de Todos, Ayelén Gutiérrez, adhirió al pedido de reglamentación porque “hay muchas familias de cannabicultores que siguen siendo perseguidas y necesitan cultivar tranquilas y bajando los costos de los insumos” que en muchos casos son importados y que con la reglamentación se abaratarían a través de la cobertura de las obras sociales. También explicó que la falta de reglamentación provoca que en muchas ocasiones a los cannabicultores se les confisquen las plantas, causándoles un perjuicio económico importante.

La iniciativa contó con el acompañamiento de las diputadas y diputados Caparroz, du Plessis, Gaitán, Gutiérrez, Salaburu, Peralta, Gass, Montecinos, Peressini, Gallia, Blanco y Sánchez.

La comisión “A” también adhirió por unanimidad al despacho de la comisión de Asuntos Laborales (I) que fija un incremento salarial del 25% a partir del 1º de marzo de 2021 y a propuesta del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, en la asignación de la categoría MF-l y en las asignaciones especiales creadas por los artículos 8º de la Ley 2350 y 5º y 6º de la ley 2526, calculado sobre los salarios devengados al 28 de febrero del año en curso.

La diputada Liliana Murisi (MPN) explicó que la iniciativa presentada por el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén contiene el acuerdo alcanzado entre el TSJ y el gremio SEJUN. También advirtió que el incremento significará una impacto de 1.500 millones de pesos que serán oblados en un 47% con fondos propios y el resto con un aporte del Tesoro Provincial.

La iniciativa que contó con los votos de Caparroz, du Plessis, Gaitán, Gutiérrez, Salaburu, Peralta, Gass, Montecinos, Peressini, Gallia, Blanco, Rols y Sánchez será girada a la comisión “B”.

Finalmente, la comisión continuó el debate del proyecto de resolución iniciado por el presidente de la Legislatura de Neuquén, Marcos Koopmann, por el cual se crea la Comisión Especial con el objeto de abordar y analizar la normativa vinculada a los derechos de las mujeres.

Maximiliano Caparroz (MPN), presidente de la comisión, explicó que a la propuesta inicial se le sumó el aporte del bloque del Frente de Todos para fijar el plazo del trabajo de la comisión que se establecerá en un año con la posibilidad de prórroga de seis meses. También apoyó la propuesta original frente a algunas propuestas de modificación en lo que respecta a la conformación de la comisión especial y sobre el objeto de la misma, sosteniendo que “el enfoque originario de esta iniciativa era el de encarar la búsqueda de soluciones en materia de violencia contra las mujeres”.

Desde el Frente de Todos, Soledad Salaburu expresó el pedido de incluir a las diversidades “que hoy son colectivos que están siendo tremendamente vulnerados”. En ese sentido señaló que “hay que visibilizarlos y garantizar sus derechos”.

También desde Juntos por el Cambio, Karina Montecinos, adelantó que van a insistir en incluir a las diversidades pero también en “sumar actores que pueden aportar a mejorar la legislación actual y que son las asociaciones que están acompañado a las mujeres que hoy sufren violencia”.

Andrés Blanco (PTS-FIT) por su parte consideró que no es necesario crear esta comisión especial porque “estos temas ya están en la agenda social y en la legislativa” y bregó porque “se empiecen a poner los recursos donde hay que ponerlos en vez de crear una nueva institución para abordar problemas profundos que necesitan ser tratados con urgencia”.

El diputado de la Democracia Cristiana, Carlos Coggiola consideró “interesante” la propuesta del trabajo articulado de los tres poderes del Estado porque ello permitirá “abordar seriamente la temática” pero, opinó “habrá que dar también una discusión presupuestaria porque las decisiones que se tomen habrá que ejecutarlas”.

Desde el oficialismo, María Laura du Plessis opinó que es importante “no perder el primer objetivo de esta comisión especial” y señaló la importancia de la misma en que “no está pensada solamente para revisar las leyes que se han sancionado, sino especialmente para revisar otros procesos que están fallando y que nos preocupan”. En este sentido expresó que “poder conocer todo lo que pasa desde que se presenta una denuncia nos permitirá un análisis más íntegro de todas las situaciones”.

Desde el mismo bloque, Ludmila Gaitán agregó que “la sociedad nos reclama un trabajo articulado de los tres poderes para encontrar soluciones” al flagelo de la violencia contra las mujeres.

Desde la presidencia del cuerpo, Caparroz propuso dejar el proyecto en comisión hasta la próxima reunión para “seguir sumando aportes y sugerencias” y reflexionó sobre “la oportunidad que tenemos de exponer los problemas que cada estamento del Estado tiene en cada uno de los procesos”. “Vamos a poder proponer cambios en la gestión de la Justicia en una mesa más amplia donde cada uno tendrá que hacerse cargo”, concluyó.