El salario mínimo vital y móvil (SMVM) ha sido fijado en $180.000 para febrero y $202.800 en marzo, según anunció Manuel Adorni, vocero del Gobierno de la República Argentina, durante la conferencia de prensa de este martes 20 de febrero.
De esa forma, se convirtió rápidamente en uno de los temas más debatidos de la jornada, con la economía del país que deja mucha incertidumbre. La falta de acuerdo entre las partes involucradas en la discusión sobre el salario mínimo llevó al Gobierno a tomar la decisión de fijar el valor por decreto. Esta medida se adoptó ante la necesidad de establecer un salario mínimo, vital y móvil, debido a la falta de consenso entre cámaras y sindicatos. El ministro de Economía, Luis Caputo, había adelantado esta comunicación oficial durante una entrevista televisiva realizada el día anterior al anuncio de Adorni.
El Gobierno fijó nuevos montos
Caputo señaló que el aumento implicaría un incremento aproximado del 30%, una subida significativa que también se reflejaría en las jubilaciones y la Asignación Universal por Hijo (AUH) debido a la aplicación de la fórmula automática. En enero, el SMVM se ubicó en $156.000, lo que representa un incremento del 15% con respecto a dicho mes. Entre enero y marzo, el aumento del salario mínimo alcanza el 30%, lo que refleja una significativa actualización para la economía de muchos argentinos.
Esto no sólo establece un piso para los montos de los contratos laborales, sino que también tiene implicaciones en otras áreas. Por ejemplo, sirve como referencia para determinar el valor de algunas prestaciones sociales, como los programas de asistencia social como Potenciar Trabajo, donde los beneficiarios reciben el 50% del SMVM. Asimismo, el salario mínimo puede influir en la determinación de la cuota alimentaria en casos de padres separados.
No hubo acuerdo
La falta de acuerdo en las negociaciones llevó al Gobierno de la Argentina a tomar la decisión de fijar el nuevo valor por decreto. Durante una reunión realizada el 15 de febrero pasado, en el marco del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, no se logró alcanzar un acuerdo entre el Gobierno nacional y los representantes gremiales, sociales y empresariales.
Ante esta situación, el Gobierno optó por definir el nuevo valor por decreto. El aumento del salario mínimo también implica un costo fiscal para el Estado, especialmente en la actualización de programas sociales como Potenciar Trabajo. La Casa Rosada busca recortar partidas para este renglón del gasto, si se considera irregular por tratarse de asistencia social intermediada por organizaciones sociales.