Politica

Funcionarias provinciales sostuvieron la necesidad de mejorar el acceso a la justicia en materia de violencia contra las mujeres

Angélica Riquelme, responsable del dispositivo de Atención a Varones que ejercen violencia contra las mujeres del Ministerio de Ciudadanía, reclamó que es necesario visualizar el riesgo en el que se encuentran muchas de las mujeres que habitan la provincia. En ese sentido, expresó que debe ser un alerta para todas las instituciones públicas y los tres poderes del Estado que Neuquén se ubique segunda en el podio de femicidios ocurridos durante el año 2018. Para ello, señaló que es necesario dar cumplimiento al actual marco normativo y pidió trabajar para mejorar el acceso de las mujeres víctimas de violencia tanto física, psíquica como económica en las distintas instancias judiciales.

Lo dijo hoy al concurrir junto a la subsecretaria de la Mujer, Patricia Maistegui y a responsables de distintos dispositivos provinciales vinculados a la prevención, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres en el marco del debate por la declaración de emergencia en violencia de género que tiene lugar en la Comisión de Desarrollo Humano y Social.

Al hablar, Riquelme aseguró que en la actualidad coexisten muchas violencias que afectan a las mujeres y que es necesario dar cumplimiento a las leyes que se encuentran en vigencia para prevenir y erradicar un tipo de violencia naturalizada y arraigada culturalmente.

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Sostuvo que en la provincia uno de los principales problemas se centra en el acceso a la justicia y pidió poner énfasis en introducir cambios para mejorar los indicadores en la materia. “La mayor parte de las mujeres se cansa de gestionar la cuota alimentaria, deja de solicitarla y termina manteniendo por su cuenta a sus hijos. Esta distorsión aumenta el indicador de violencia económica contra las mujeres y justifica el accionar de los hombres, sosteniendo una estructura cultural de tipo patriarcal que es la que debemos deconstruir y erradicar”, alertó.

Sobre este problema también expuso María Cardieri, responsable del Observatorio de Violencia contra la mujer. Al respecto, advirtió que uno de los puntos que mayor preocupación genera es la cantidad de intervenciones en dependencias públicas que una mujer debe sortear para visibilizar su caso y dejar en firme la denuncia. En ese sentido, resaltó que el órgano elaboró una ruta crítica que sirvió para identificar que una misma mujer debió comparecer en hasta 30 intervenciones durante un año, cantidad de cumplimientos que resulta excesiva y lleva a un desgaste cuyo final es la declinación de la denuncia.

Por su parte Soledad Crespín, a cargo de la Línea 148 del Ministerio de Ciudadanía, puso el foco en el ámbito judicial y sostuvo que por la escasa tipificación que presenta el Código para casos vinculados a la violencia contra las mujeres, resulta difícil tramitar denuncias por acoso en los fueros civiles. “Es una decisión de política criminal que tiene que resolver la provincia. La amenaza no se investiga, la lesión simple no se investiga y el incumplimiento reiterado por cuota alimenticia termina en la presentación de recursos que demoran en resolverse”, aseveró la coordinadora de la Línea 148.

Crespín recordó que el dispositivo efectúa cerca de 6.500 intervenciones al año, de las cuales identificó bajo “riesgo de femicidio” un total de 78 casos. En tanto, Cardieri informó que desde el Observatorio una de cada diez mujeres de la provincia solicita asistencia por casos de violencia; y Riquelme señaló que, desde su implementación en 2018, concurrieron al dispositivo de Atención a Varones 219 hombres por orden judicial.

Por su parte Gimena Areta, coordinadora de las leyes N°2785 y N°2786 de prevención y erradicación de la violencia familiar y de género para el Ministerio de Ciudadanía, explicó que desde hace dos años se implementaron presupuestos de gestión por resultados para definir y asignar las partidas que se desembolsan para cada programa. Afirmó también que en muchos casos, por tratarse de iniciativas en las cuales intervienen más de una cartera, se mide el grado de avance y ejecución de cada programa; también se calcula su impacto y se proponen recomendaciones.

Participaron de la reunión de comisión los diputados y diputadas Encarnación Lozano, Gloria Sifuentes, Angélica Lagunas, Nanci Parrilli, Santiago Nogueira, Maximiliano Caparroz, Pamela Mucci, Eduardo Fuentes y Raúl Godoy.