Con un encuentro virtual encabezado por el gobernador Omar Gutiérrez y el vicegobernador Marcos Koopmann, la Legislatura neuquina conmemoró los diez años de creación de la Comisión Interinstitucional de Intervención Contra la Trata de Personas, aprobada por ley 2717 en 2010. La jornada contó con la exposición de la subsecretaria de Mujeres y presidenta de la Comisión Interinstitucional, Patricia Maistegui; la ex vicegobernadora Ana Pechen; la ex diputada provincial Graciela Castañón; y el fiscal Marcelo Colombo, de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) quienes coincidieron en que la pandemia agravará las situaciones de trata.
Encuentro virtual por los diez años de la Comisión Interinstitucional de Intervención Contra la Trata de Personas
En la apertura, Gutiérrez ratificó su compromiso de seguir afianzando la lucha contra la trata de personas como política pública y puso en valor la continuidad que tuvo la aplicación de la ley desde que fue sancionada el 11 de agosto de 2010. “Muy probablemente una de las consecuencias de esta pandemia sea que se agraven estas vulnerabilidades, por lo cual esto requiere y exige mayor compromiso, responsabilidad y decisión”, afirmó. En ese sentido, destacó la importancia de conectar los distintos espacios con el Consejo Consultivo Plural que se está llevando adelante para recomendar y monitorear las decisiones y los dispositivos. Al mismo tiempo, señaló que se trata de una política pública territorial.
En tanto, Koopmann expresó el compromiso de seguir avanzando desde el espacio legislativo para erradicar la trata y remarcó que es una lucha a la que hay que darle visibilidad, concientización, participación y mayor difusión. Acotó que hay 12 millones de personas en el mundo que se encuentran en situación de trata, de las cuales el mayor porcentaje son mujeres, niños y niñas. “No podemos quedarnos tranquilos hasta que no quede ni una sola persona en esa situación”, manifestó.
Al exponer, Maistegui definió la trata como una vulneración de los derechos humanos y remarcó la importancia de trabajar en la prevención y la información para que las personas entiendan que están en esa situación. Dijo que es “una realidad, una pandemia” y un delito complejo, invisible e intrageneracional. Explicó que la trata afecta a todas las provincias del país y coincidió en que las crisis fortalecen esta problemática porque hay cada vez más personas vulnerables y cada vez más personas que están siendo posibles víctimas. En ese sentido, hizo referencia a la aparición de nuevas formas de captación como la mendicidad y sostuvo que la trata es un problema que genera responsabilidades en el Estado. A la vez, destacó la incorporación a la Comisión de distintas áreas púbicas para fortalecer la lucha contra la erradicación de la trata como una política regional provincial que, al ser considerado un delito federal, también tiene trascendencia nacional y mundial.
La ex vicegobernadora Pechen subrayó que la trata “es una pandemia que no acaba” y planteó que la actual situación de aislamiento por el COVID-19 pone en vigencia otros mecanismos más peligrosos que los que ya circulaban, por la exposición que tienen los niños, niñas y adolescentes a internet y a las redes sociales ante el cierre físico de las escuelas. “La captación en un 80% se hace por esos medios”, afirmó y enfatizó en la necesidad de buscar llegar a ese sector de la población con instrumentos de formación que alerten y prevengan. En cuanto a la ley, rescató a las siete diputadas mujeres que integraban la Cámara en ese momento, a las que calificó de “las verdaderas militantes” de la norma que fue acompañada por unanimidad. Se trata de Graciela Castañón, Paula Sánchez, Silvia De Otaño, Graciela Muñiz Saavedra, Yenny Fonfach, Soledad Martínez y Amalia Jara. “Sabíamos que la Patagonia no sólo es un lugar simplemente de tránsito sino también es un lugar de captación y explotación no sólo sexual sino también laboral”, indicó al recordar el escenario de elaboración de la ley. “No es sólo un protocolo, es una línea de acción que atraviesa las distintas áreas del Estado”, aseguró.
A su turno, Castañón repasó el proceso de sanción de la ley con el espíritu de convertirla en política de Estado y valoró la diversidad de pensamiento de los distintos espacios políticos durante la elaboración para lograr una ley con un enfoque más integral. Dijo que el Estado tiene un grado de responsabilidad importante en generar el marco adecuado a la posibilidad de igualdad de derechos y rescató la importancia de trabajar en forma cooperativa y conjunta con las distintas áreas y estamentos públicos.
Por su parte, el fiscal Colombo celebró la vigencia de la ley y su sustentabilidad en el tiempo. Coincidió en que la pandemia va a dejar un escenario mucho peor respecto de la situación de las personas que son objetivo de las redes de trata. Enfatizó en la obligación del Estado de asistir a las víctimas a largo plazo de las víctimas y en brindarles una verdadera oportunidad de vida. Consideró central entender el combate a la trata como un combate que se enmarca dentro de la defensa de los derechos humanos porque genera determinados deberes en el Estado como, por ejemplo, hacer cesar la explotación de personas; hacer una investigación seria y exhaustiva cuando se detecta un caso, y el deber de reparar económicamente a las víctimas por el daño ocasionado.
Desde su creación, la Comisión se orientó a promover un abordaje interinstitucional entre los organismos municipales, provinciales, nacionales y las organizaciones de la sociedad civil para la implementación de medidas de prevención y de protección de las víctimas de trata, como así también para desarrollar acciones de asistencia y reinserción.
Participaron de la actividad representantes del gabinete provincial, de la Legislatura y de organizaciones civiles.