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El ministro Bruno expuso el presupuesto 2020 en la comisión de Hacienda

Norberto Bruno, ministro de Economía e Infraestructura, destacó que la provincia llevó adelante un proceso de desendeudamiento en los últimos dos años, que Neuquén logró mantener una política de actualización salarial por inflación para el personal del Estado que pocas jurisdicciones provinciales pudieron sostener e identificó como un desafío incrementar el nivel de producción hidrocarburífera a pesar de la reciente aplicación de la Resolución 566, medida del actual Gobierno Nacional que fija un tope al precio de los combustibles e impide el normal funcionamiento del sector.

Lo dijo hoy por la tarde al dar detalles sobre aspectos centrales del proyecto de presupuesto 2020 ante la comisión de Hacienda y Presupuesto. El ejercicio financiero para el año próximo asciende a 158,8 mil millones de pesos y prevé erogaciones por una suma de 157,7 mil millones, lo que arroja un superávit fiscal del orden de los mil millones que se destinarán a engrosar los recursos previstos para el plan de obras públicas. Bruno concurrió a la comisión acompañado por la subsecretaria de Ingresos Públicos, Liliana Murisi, y funcionarios y funcionarias de la cartera de Hacienda.

En su exposición, el responsable de la cartera explicó que el Presupuesto General no presenta déficit, equilibra ingresos con egresos y dispone de 17 mil millones de pesos para llevar adelante un importante plan de obras públicas que incluye agua y saneamiento, viviendas, rutas, salud y educación; entre otro rubros.

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Sobre este punto, Bruno indicó que el plan incluye la construcción del Hospital Norpatagónico, tres albergues para mujeres víctimas de violencia ubicados en Chos Malal, Neuquén capital y Zapala; la colectora pluvio aluvional en El Huecú; la red de agua potable domiciliaria en Valentina Norte Rural y la pavimentación de la Ruta Provincial N°23 ‘Juan Benigar’, que incluye la construcción del puente sobre el río Malleo; la continuación de las obras en el hospital de San Martín de los Andes; Buta Ranquil y Rincón de los Sauces; y la remodelación del edificio de la vieja Usina Eléctrica para albergar un Centro Cultural, entre otras obras.

Sostuvo que el 71% de los fondos previstos para gastos de capital se desatinarán a la inversión real directa, un 19% a la inversión financiera y el 10% restante lo conforman las transferencias para gastos de capital hacia gobiernos municipales y comisiones de fomento. En lo que respecta a las partidas destinadas a inversión real directa, un 75% corresponde a servicios sociales y otro 25% se lo conforman asignaciones a las áreas de Servicios Económicos, Administración Gubernamental y Servicios de Seguridad.

Al hablar sobre la estructura de los ingresos previstos, aclaró que Regalías y Canon encabeza el concepto con el 33%; seguido por impuestos provinciales, con un 28%, en tanto por coparticipación nacional se espera recaudar un 24%.

En otro orden, afirmó que la provincia destinará un 56% del gasto total al pago de salarios y que el presupuesto en tratamiento ya incorpora las partidas necesarias para afrontar los incrementos pactados para el primer trimestre del año próximo. Al respecto, Bruno destacó que Neuquén es en la actualidad una de las “pocas jurisdicciones del país” que pudo mantener una actualización salarial ajustada por inflación para que los sueldos no pierdan su poder adquisitivo real.

A la vez, advirtió que uno de los problemas y desafíos más importantes que se debe atender para el futuro ejercicio económico es el impacto que tendrá sobre la industria petrolera la imposición de la Resolución 566. En ese sentido, explicó que su permanencia en el tiempo puede incidir en las decisiones sobre futuras inversiones en Vaca Muerta y desacelerar su ritmo de producción.

Informó que el actual presupuesto plantea un incremento moderado en la producción de crudo, que sube de 160 mil barriles diarios a 171 mil, con un valor del barril promedio del orden de los 57 dólares. Aclaró que las posibilidades y oportunidades de crecimiento en este rubro pueden impactar de manera directa en el presupuesto provincial, pero recordó que la continuidad de la medida nacional determina que desde Hacienda se prevea un incremento moderado.

De igual modo, mencionó que el proyecto fija en 68,8 MMm3/día la curva de producción de gas y dispone un valor promedio de 3,3 dólares el millón de BTU. No obstante, distinguió que para este producto las condiciones de incremento de su curva se ven impedidos por la saturación y falta de nuevos gasoductos y, también, por los compromisos que el vecino país de Chile mantiene con otros prestadores al momento de importar el insumo.

Sobre el pedido de autorización de endeudamiento, el ministro aseguró que el gobierno “ha estructurado la deuda de la provincia de manera muy razonable y teniendo en cuenta su desarrollo”. Adelantó que el proyecto de presupuesto ya dispone de un ítem para el Uso del Crédito por un monto similar pero para acceder a deuda a mediano y corto plazo. La intención, señaló, es poder refinanciar los vencimientos por cerca de 11 mil millones de pesos previstos en el próximo ejercicio con esta herramienta financiera y reestructurar sus plazos.

Al respecto, afirmó que la provincia pudo desendeudarse con recursos propios durante el 2018 y 2019, y señaló que en 2017 el stock de deuda ascendía a 1.618 millones de dólares, cifra que en la actualidad descendió a 1.158, es decir un casi 30% en dos años. Agregó que el perfil de amortización de deuda decrecerá en los períodos 2021 y 2022, luego sube durante 3 años, para con posterioridad disminuir a casi un tercio de la deuda. De igual modo, consideró que de repuntar los ingresos por regalías, la provincia se vería nuevamente en condiciones de cancelar los vencimientos con recursos propios.

Cabe destacar que tanto el presupuesto del Poder Ejecutivo como el pedido de autorización de deuda volverán a ser tratados en la próxima reunión del cuerpo.
La iniciativa presupuestaria dispone 128,1 mil millones de pesos para la administración central y organismos descentralizados; 2,4 mil millones de pesos para el funcionamiento del Poder Legislativo; 9,2 mil millones de pesos para el Poder Judicial; 196,7 millones de pesos para el Consejo de la Magistratura y 17,8 mil millones de pesos para afectaciones legales al sector público municipal.