La comisión de Hacienda y Presupuesto emitió, ésta tarde, despacho por unanimidad al proyecto que fija en cincuenta pesos el valor del módulo electoral, creado por el artículo 171 de la Ley del Código Electoral N° 3.053. El módulo electoral es la unidad de medida para determinar el monto de las sanciones previstas en la ley, como la no emisión del voto, entre otras. La iniciativa establece que el valor del módulo tendrá vigencia hasta que se estipule e incorpore en la ley de presupuesto general de la Provincia, situación que se dará recién en el del próximo año dado que el presupuesto de éste año ya fue sancionado con anterioridad al nuevo Código Electoral; originando un vacío legal al respecto.
El proyecto –que surge del requerimiento de la Justicia Electoral en vistas al sufragio municipal del próximo mes de octubre–, originó un debate en torno al valor del módulo electoral. En efecto, el oficialismo propuso que la multa por no votar sea de 10 a 20 módulos, cuya correspondencia en pesos es de mil a dos mil pesos, en orden a mantener el valor de la multa actual que es de un JUS, lo que equivale a 923 pesos. Diputados de la oposición consideraron elevado el monto sugerido, tomando como referencia la multa a nivel nacional, fijada por el Código Electoral Nacional, cuyo valor máximo no supera los 500 pesos. No obstante, hoy hubo acuerdo y el proyecto se aprobó por unanimidad.
Luis Sapag (MPN) acordó con la reducción del valor del módulo a cincuenta pesos porque consideró que “lo más importante ahora es que en la próximas elecciones de octubre tengamos definido el valor para que esté disponible para la Justicia Electoral”.
En el mismo sentido se expresó Nanci Parrilli del Frente Para la Victoria, quien se pronunció además a favor de incrementar los mecanismos de participación ciudadana en los comicios provinciales mediante el acceso al transporte público. En ese sentido, dijo que “en elecciones municipales en la ciudad capital, está garantizado el transporte público mientras que en las elecciones provinciales no se garantiza”.
En otro orden, en el cuerpo que preside el diputado Sergio Gallia (AN) no prosperó y quedó en comisión una modificación de la Ley N° 2.855 que reglamenta las características, tratamiento y uso de la bandera oficial provincial. La iniciativa –con despacho unánime de la comisión ‘A’- establece el uso de la bandera provincial en sociedades, asociaciones civiles, simples asociaciones, fundaciones, iglesias, mutuales y cooperativas y propone al Ministerio de Gobierno y Justicia como autoridad de aplicación.
Al hablar, Oscar Smoljan (UCR) desestimó su aprobación y pidió tener en cuenta las leyes vigentes dado que “en la actividad privada designar un uso obligatorio de la bandera conspira contra la libertad que hay en nuestra provincia cosmopolita”.
En el mismo sentido se expresó la diputada Nanci Parrilli (FPV) quien dijo que “la ley provincial es clara” y “no hay nada más que agregar”. Comentó los precios de las banderas de mástil, del mástil y del portamástil, los que ascenderían a 4.500 pesos o más; y sugirió que se podría “invitar” a las asociaciones civiles y demás al uso de la bandera oficial de la Provincia. Asimismo propuso que los distintos organismos del Estado realicen una campaña de donación de banderas, posición con la que acordó Luis Sapag (MPN). Éste último, destacó la importancia de “reforzar la identidad neuquina”, pero “no imponiéndola por ley”.
Participaron del encuentro semanal los diputados: Sergio Gallia, Ramón Soto, Luis Sapag, Nanci Parrilli, Gloria Sifuentes, Carolina Rambeaud, Eduardo Fuentes, Oscar Smoljan y Claudio Domínguez.