Denuncia Pública: “Exigimos al Congreso Nacional que no sean ejecutores del nuevo exterminio de los pueblos originarios”

Denuncia textual:

El artículo 75, inciso 17, de la Constitución nacional; el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (que en Argentina tienen rango constitucional) y Constituciones provinciales, y nuestra carta organica, son sólo algunas de las legislaciones que reconocen la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, garantizan el respeto a su identidad, derecho a una educación bilingüe e intercultural, aseguran la participación en la gestión referida a los recursos naturales y que reconocen la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan.

En sintonía con estos derechos, el 1º de noviembre de 2006, el Congreso sancionó la ley 26.160, llamada de Emergencia Territorial Indigena,  que declara por cuatro años la “emergencia en materia y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas”. La norma suspende los desalojos y compromete al Estado a realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral para otorgar la tenencia definitiva de las tierras ocupadas ancestralmente- Desde entonces se viene prorrogando cada cuatro años. Pero el jueves 7 de septiembre, la Cámara de Senadores tenía la posibilidad de votar nuevamente la prórroga y no lo hizo. El límite de votar su continuidad es el 23 de noviembre de este año.

A nivel nacional no es mucho lo que se avanzo. Según información oficial, existen 1.532 comunidades identificadas por el Programa Nacional de Relevamiento Territorial Indígena (Reteci). Sólo fueron relevados los territorios de 759 comunidades (49 % del total). De este porcentaje, sólo 459 comunidades cuentan con relevamiento finalizado. Amnistía Internacional evalúa que durante 2017 se relevarán 150 comunidades, que representan sólo el 10 % del total. “Lo que deja por fuera a por lo menos 623 comunidades que aún no han atravesado ningún proceso de relevamiento y a las 303 comunidades que aún no lo han concluido. En conclusión, al menos 926 comunidades, el 60 %, quedarán a la deriva de no prorrogarse la norma y verán trunca su posibilidad de ver relevado su territorio”

La situación nacional en relación a los pueblos originarios esta en un evidente retroceso de derecho. Y las comunidades tienen fundamento para sospechar que entre otras cosas la desaparición de Santiago Maldonado esta íntimamente ligado a la pretendida derogación de la Ley. El acoso y hostigamiento permanente que hay por parte de terratenientes y empresas dedicadas a la minería, la tala, el petróleo, el avance de la frontera agrícola ganadera y la especulación inmobiliaria en los últimos tiempos ha sido muy evidente y descarada amparado por los gobiernos y el sistema judicial. Los pueblos originarios dicen “ellos vienen por los recursos naturales y nosotros vivimos en ese ámbito y en armonía con esos recursos”. Por eso sostienen que la Ley es una herramienta para frenar esos avances sobre sus territorios y sus derechos. Vienen defendiendo desde la no violencia y legalmente los territorios que ancestralmente ocupan. “Si la prorroga no se ejecuta se corre el riesgo de desaparecer, de un exterminio seguro. Los terratenientes están esperando que se ejecuten miles de pedidos en la justicia si no se renueva la ley  para de echarlos de sus tierras.

Actualmente la situación es muy grave. Se ejerce violencia contra indígenas en Misiones, amenaza de muerte a un cacique en Jujuy, presiones a guaranies en Corrientes, represión a mapuches en toda la Patagonia. Es el contexto que antecede a esta decisión de oficialismo y gran parte de la oposición en dejar caer la ley que frena los desalojos. A ciento cincuenta años de la Campaña del Desierto el estado continúa  matando y robando los territorios a los pueblos indígenas,

En nuestra provincia desde que se firmó el pacto Chevron-YPF, hay más de 50 mapuches procesados en Neuquén por defender el territorio. Dos casos testigos de la criminalización indígena se dan en Formosa y Chubut. Agustín Santillán, referente wichí de Ingeniero Juárez, está detenido desde hace cinco meses por reclamar tierra, agua, salud y educación. Y Facundo Jones Huala, lonko de la comunidad Pu Lof en Resistencia, está preso desde el 28 de junio.

Amnistía Internacional Argentina presentó en 2015 un mapa de conflictos de comunidades indígenas (territorioindigena.com.ar). Contabilizó un piso de 183 casos. La relación es directa: a cuanto más avance extractivo (de la mano de empresas agropecuarias, petroleras, mineras, forestales y turísticas entre otras), mayor nivel de conflictividad y violación de derechos indígenas.

Consideramos que resulta imperativo que nuestra sociedad se pronuncie, una vez más, en defensa del estado de derecho, las garantías  constitucionales y el orden internacional por sobre todo interés de carácter económico que pretende dejarlo de lado por la vía de la acción represiva o actos u omisiones ligados a la corrupción y falaces argumentaciones que pretenden justificar una nueva “apropiación” del territorio ancestral aborigen.

Denunciamos que el gobierno nacional, las fuerzas de seguridad y la justicia están comportándose como garantes ejecutores de las multinacionales y de los terratenientes- Que la represión en el Pu Lof Cushamen y los allanamientos de las comunidades mapuche Raquithue, Lafkenche y Paynefilu en Neuquen, responden a un plan político  del Estado argentino de desalojar y hacer desaparecer a las comunidades y pueblos indígenas”.

Lo denunciamos y exigimos a nuestros representantes en el Congreso Nacional que no sean ejecutores del nuevo exterminio de los pueblos originarios. Exigimos que respeten las leyes y que voten en forma positiva la prórroga de la Ley 26160.-