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Concejales: Se presentó el pedido de sobreseimiento

La Fiscalía presentó el pedido de sobreseimiento de los seis concejales implicados en la causa por supuesta desobediencia a un funcionario público

El Concejo Deliberante de Villa La Angostura emitió este jueves un comunicado de prensa donde informó que se realizó la Audiencia en la cual la Fiscalía presentó el pedido de sobreseimiento de los seis concejales implicados en la causa por supuesta desobediencia a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones, en carácter de coautores . Así lo resolvió el juez de la causa, quedando únicamente imputado el Presidente del Concejo Deliberante.

De esta manera, se cerró la investigación contra Marta Noemí Cicconi (PRO), María Eugenia Mesa (Frente de Todos), Sergio Javier Troche (Frente de Todos), Walter Luis Espíndola (MPN), Ruth Melisa Salamanca (MPN) y Agustina Vaca Arenaza (Primero Angostura).

Sin embargo los concejales manifiestan que "el problema aún no ha terminado, debido a que no se entiende porqué el proceso sigue abierto contra el Presidente del organismo, David Tressens Ripoll"

El Fiscal Fernando Rubio había informado hace algunos días atrás que la investigación preliminar desarrollada por el Ministerio Público Fiscal, estuvo focalizada en responder la hipótesis central del caso: si los y las concejales tuvieron fehaciente conocimiento de la orden impartida por la Justicia contencioso-administrativa. En el escrito remitido a la Oficina Judicial, Rubio sostuvo que de acuerdo a las pruebas reunidas sobre la base de entrevistas efectuadas, los y las concejales a diferencia del presidente del Cuerpo, no tenían conocimiento de la medida cautelar que ordenaba suspender la sesión. Por lo tanto, el Fiscal ya había adelantado la decisión de continuar con la investigación sobre Tressens.

Según plasma el comunicado de prensa del Concejo Deliberante los ediles aseguran que "el pasado 15 de enero, los concejales no fueron notificados de manera fehaciente por la Justicia, en el contexto de la sesión en la que se votó por unanimidad la destitución del Secretario de Economía, Daniel Brito, por mal desempeño de sus funciones"

"Los concejales manifiestan su preocupación por el avasallamiento a la división de poderes, pretendiendo suspender una sesión del cuerpo legislativo mediante la imposición, demostrando una clara intromisión de un poder sobre otro como forma de amedrentar el correcto funcionamiento del Poder Legislativo", continúa el escrito.

Y finaliza con el apoyo a Tressens "Es por ello que desde todos los bloques se ha brindado el apoyo hacia el Presidente del Concejo Deliberante, David Tressens Ripoll, solicitando que se finalice con esa persecución política contra el funcionario, y se respete el debido funcionamiento de todas las instituciones del Estado".

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Concejales apoyan a Tressens y piden "que se finalice con esa persecución política contra el funcionario"

Concejales apoyan a Tressens y piden "que se finalice con esa persecución política contra el funcionario"

El argumento del Fiscal que presentó el sobreseimiento

Rubio puntualizó que “si bien la investigación respecto de la participación de los sindicados referidos más arriba en el hecho que se investiga, partió de un prueba que reúne una entidad suficiente que ameritó la apertura de la investigación preparatoria; no menos cierto resulta que de la misma surge que, a los efectos de la formal acusación en los términos del artículo 164 del Código de Procesal Penal, dicha prueba no resulta suficiente”. Por esta razón, el Ministerio Público Fiscal “entiende que no existe la posibilidad razonable de incorporar nuevos elementos de prueba ni fundamentos que consigan vencer la duda razonable sobre el conocimiento de la orden emitida por el Juez desobedecido como para requerir la apertura a juicio” respecto las personas investigadas, “a diferencia del presidente del Concejo Deliberante”, Tressens Ripoll.

Sobre este último funcionario, la investigación sigue abierta. Fue imputado de los delitos de desobediencia a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones (artículos 239 y 45 del Código Penal); e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en calidad de autor (artículos 249 y 55 del Código Penal).