El litio se ha transformado en un recurso central para la transición energética global, y Argentina ocupa un lugar estratégico dentro del llamado Triángulo del Litio, junto con Bolivia y Chile, al concentrar más del 58% de las reservas mundiales. En este contexto, el país ha sido receptor de inversiones millonarias de empresas extranjeras, principalmente de capitales chinos, en proyectos que despiertan polémica por su alto impacto ambiental y la vulneración de derechos indígenas.
China tras el oro blanco argentino: el litio y sus impactos en la Puna
China profundiza su presencia en el negocio del litio argentino a través de proyectos como Cauchari-Olaroz, en Jujuy. La extracción de este recurso estratégico pone en jaque a comunidades indígenas, ecosistemas altoandinos y reservas hídricas en zonas áridas del país.
Uno de los ejemplos más emblemáticos es el Salar de Cauchari-Olaroz, en la provincia de Jujuy, donde opera EXAR, una firma integrada por capitales chinos, canadienses y estatales argentinos. Este emprendimiento ya produce 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio y proyecta una vida útil de 40 años. La inversión inicial superó los 970 millones de dólares y, según datos oficiales, más del 60% de sus empleados son jujeños.
Un ecosistema frágil bajo presión
El proyecto se ubica en el departamento de Susques, a más de 3.800 metros de altura, dentro de una reserva provincial creada para la conservación de fauna autóctona. La región alberga ecosistemas altoandinos únicos, como bofedales, vegas y lagunas, esenciales para la biodiversidad y la subsistencia de comunidades indígenas.
La técnica más común para la extracción de litio en salares es la evaporación solar, que implica el uso de enormes cantidades de agua. Aunque EXAR explora métodos físico-químicos más rápidos, el sistema predominante sigue siendo el más impactante ambientalmente. Se calcula que se requieren unos 584.000 litros de agua por cada tonelada de litioextraída.
Comunidades en resistencia
Las comunidades originarias de la zona denuncian que los proyectos avanzan sin consulta previa, libre e informada, violando estándares internacionales y derechos consagrados en la Constitución Nacional. La falta de participación real, sumada a los impactos sobre el agua, la fauna y las actividades tradicionales, alimenta una creciente oposición local.
Desde organizaciones como el Colectivo Apacheta y comunidades de Salinas Grandes y Laguna Guayatayocadvierten: “Nos dicen que es energía limpia, pero para nosotros significa menos agua, menos animales y menos vida”.
El Estado: promotor, socio y juez
La legislación minera vigente en Argentina, impulsada en los años 90, ofrece amplios beneficios fiscales y regalías limitadas al 3%, lo que favorece la llegada de capitales extranjeros. En Jujuy, la empresa estatal JEMSE participa como socia minoritaria, lo que plantea un conflicto de intereses, ya que el Estado actúa como promotor, socio y regulador al mismo tiempo.