Denuncian violencia Institucional en el poder judicial de Bariloche

Los afectados han sido acusados sin pruebas y privados de su derecho a defenderse, enfrentando una denuncia infundada que carece de sustento probatorio y que, según el Código Penal argentino, constituye un delito grave.

Como si se tratara de un retroceso histórico, esta familia ha sido sometida a un proceso arbitrario, similar a un tribunal de la Inquisición, donde han sido víctimas de medidas desproporcionadas que han devastado su vida personal, familiar y patrimonial.

Un Plan de Usurpación y Manipulación

La denuncia falsa tenía como objetivo favorecer al hostigador de un adulto mayor —padre y abuelo de la familia—, quien, junto con sus cómplices, intentó usurpar la vivienda familiar y tomar el control de sus bienes e ingresos.

Aprovechándose de la frágil salud física y mental del anciano, el hostigador recurrió a la manipulación, el maltrato psicológico y el aislamiento para quebrar su voluntad y consolidar su dominio.

Complicidad de Funcionarios Estatales

El caso toma aún más gravedad al evidenciar la participación de funcionarios de organismos estatales en la maniobra. Entre ellos, se encuentran:

• Una funcionaria de género del Ministerio de Seguridad de Buenos Aires.
• Una funcionaria de la Municipalidad de Bariloche.

Lejos de proteger a los verdaderos vulnerables, estas personas han llevado adelante acciones que perjudican gravemente a las víctimas, incluyendo a un menor, cuyo derecho a ser escuchado ha sido ignorado, en clara violación del principio del interés superior del niño, reconocido en tratados internacionales.

Negación de Pruebas y Arbitrariedad Judicial

El Juzgado de Familia N° 10 de Bariloche, bajo la conducción de la jueza interviniente, ha rechazado sistemáticamente las pruebas presentadas por los damnificados, entre ellas:

• Registros audiovisuales.
• Documentación probatoria del hostigamiento y maltrato.

A pesar de su relevancia, estas pruebas han sido desestimadas de manera arbitraria. En su lugar, se han renovado medidas cautelares desproporcionadas basadas en un informe manipulado, elaborado por una psicóloga del Sistema de Abordaje Territorial (SAT).

Dicha profesional ha sido denunciada penalmente por falso testimonio y estafa procesal, ya que su informe fue utilizado como única base para tomar decisiones que han destruido a esta familia.

Las Consecuencias de una Denuncia Infundada

Las víctimas de esta denuncia falsa han sufrido consecuencias devastadoras:

• Pérdida de su hogar y pertenencias.
• Medidas restrictivas que los dejaron en extrema vulnerabilidad.
• Impacto psicológico y emocional irreparable.

Este caso evidencia cómo las denuncias infundadas no solo destruyen la vida de los acusados, sino que también socavan la confianza en el sistema judicial y erosionan los principios de justicia.

Gravedad Institucional y Violación de Derechos Humanos

La gravedad institucional de este caso radica en la violación del debido proceso, la vulneración de derechos humanos fundamentales y la inacción de los organismos que deberían garantizar justicia.

Derechos como la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y la protección de los vínculos familiares han sido ignorados en favor de un sistema que parece más interesado en proteger a los acusadores que en buscar la verdad.

Exigencia de Justicia: Denuncias Elevadas a Nivel Nacional

Ante esta situación, las víctimas han presentado denuncias ante instancias provinciales y nacionales, exigiendo:

• Una investigación exhaustiva de los hechos.
• Sanción a los responsables de estas arbitrariedades.
• Una revisión profunda de las actuaciones del Juzgado de Familia N° 10, las defensorías intervinientes, la fiscalía y demás organismos involucrados.

Un Llamado de Atención a las Autoridades

Este caso debe ser un llamado de atención urgente a las autoridades judiciales y gubernamentales para garantizar que las familias y los menores no sigan siendo vulnerados en un sistema que debería protegerlos, no castigarlos injustamente.