El próximo miércoles 5 de octubre se realizará una nueva audiencia, vía zoom, en el marco de la demanda que el ex Secretario de Economía de Villa La Angostura Daniel Brito inició contra el municipio con el propósito comprobar la nulidad de las resoluciones previas con las que el Concejo Deliberante avanzó con el juicio político en su contra y por el cual fue destituido de su cargo.
Según la providencia que cita a las partes intervinientes, el objetivo de la audiencia es arribar a una conciliación donde además el Juez firmante, Matías Nicolini, les encomienda a las partes (Brito y Municipio) concurrir a la audiencia con el objeto de la pretensión y el monto claramente precisado.
Fuentes judiciales explicaron a Diario 7 Lagos que de esta manera, si se solicita el monto pretendido, se podría presumir que ya de antemano se haría lugar a la medida solicitada por el demandante Daniel Brito. Habrá que esperar el desempeño de la misma para tener precisiones.
Recordemos que, la sesión celebrada en el concejo deliberante donde se realizó el Juicio Político desató un escándalo institucional en Villa La Angostura donde se inició una causa por la que actualmente el presidente del Concejo David Tressens está imputado y el próximo viernes 30 se realizará la postergada Audiencia de Control de Acusación; la investigación se inició a partir de la realización de una sesión de juicio político contra el ex Secretario de Economía de Villa La Angostura, Daniel Brito. La misma había sido desautorizada por una orden emitida por el juez de Zapala, Matías Nicolini, y se habría llevado adelante a sabiendas de esto, evitando que se cumpliera la orden judicial que la frenaba.
En un primer momento, Rubio entendió que el accionar de los concejales fue delictivo al no acatar la orden de un juez e inicialmente, acusó tanto al presidente del Concejo como a otros seis concejales.
La investigación preliminar hacia los concejales, desarrollada por el Ministerio Público Fiscal, estuvo focalizada en responder la hipótesis central del caso: si los y las concejales tuvieron fehaciente conocimiento de la orden impartida por la Justicia contencioso-administrativa.
En su resolución, Rubio sostuvo que de acuerdo a las pruebas reunidas sobre la base de entrevistas efectuadas, los y las concejales a diferencia del presidente del Cuerpo, no tenían conocimiento de la medida cautelar que ordenaba suspender la sesión. Así, quedaron sobreseídos los ediles Marta Noemí Cicconi, María Eugenia Mesa, Sergio Javier Troche, Walter Luis Espíndola, Ruth Melisa Salamanca y Agustina Vaca Arenaza.
En cuanto al presidente del Concejo Deliberante (en uso de licencia), David Tressens, la investigación continúa su curso. El funcionario fue imputado de los delitos de desobediencia a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones (artículos 239 y 45 del Código Penal); e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en calidad de autor (artículos 249 y 55 del Código Penal).