La Cámara de Diputados de la provincia aprobó por mayoría y en general la Ley del Presupuesto General de Gastos y Recursos de la provincia para 2018, que asciende a 61.637 millones de pesos. Lo hizo esta tarde con 22 votos afirmativos y 12 negativos. Votaron a favor los bloques del MPN, FRIN, Adelante Neuquén, UP-UNA, FR, UCR, NCN y PRO. Por la negativa se expresaron los bloques Libres del Sur, FN, FpV, FG, FIT y PTS-FIT. El cuerpo también aprobó en general y por mayoría las leyes de presupuesto del Poder Judicial, por un monto de 3.312 millones de pesos, y del Poder Legislativo, del orden de los 873 millones de pesos. A la vez, los diputados aprobaron en general la nueva ley orgánica de ministerios que contempla una estructura de nueve carteras con rango ministerial.
Al inicio de la sesión el vicepresidente 2º, Javier Bertoldi, tomó juramento a Roberto Cacault como nuevo diputado del MPN, en reemplazo de Alma Sapag quien renunció al cargo para asumir como diputada nacional. Además, el cuerpo designó como vicepresidente 1º al diputado Pablo Bongiovani (MPN) para ocupar el cargo que ejercía la diputada Sapag como autoridad de Cámara, para completar el XLVI periodo legislativo. La 28º sesión ordinaria comenzó a las 10.45 bajo la presidencia alternada de Bertoldi y Bongiovani y la participación de 34 diputados.
El presupuesto general llegó al recinto con dos despachos por minoría pero desde el bloque de la UCR, el diputado Oscar Smoljan solicitó retirar del tratamiento el dictamen impulsado por el interbloque Cambiemos.
Como miembro informante, el diputado Mario Pilatti (MPN) explicó que el actual contexto económico “no es favorable” por el atraso cambiario y la disminución del precio del barril del petróleo estimados en el presupuesto vigente, entre otros factores. Indicó que los recursos previstos para el corriente año no evolucionaron de la manera prevista y consideró que el presente ejercicio refleja “un año realmente complicado”.
Al referirse al presupuesto 2018, señaló que se estima un resultado financiero negativo del orden de los 3.200 millones de pesos y acotó que se necesita financiamiento por 6.800 millones de pesos “para equilibrar el presupuesto y solventar gastos de deuda anterior”.
A la vez, explicó que los 56 mil millones de pesos destinados a recursos corrientes se componen en su mayoría de impuestos provinciales, recursos transferidos por Nación, regalías y canon, al tiempo que remarcó que el 56% del total de gastos se destina al ítem personal. Detalló que desde la función del gasto, el 28% se destina a educación y cultura, y el 14% a salud. El diputado destacó, además, los siete mil millones de pesos afectados a obra pública, a los que se sumarán los fondos devenidos del endeudamiento. Además, mencionó un escenario optimista por el crecimiento del gas del orden el 20%. “El presupuesto está hecho con responsabilidad y seriedad”, acotó.
En tanto, Smoljan expresó una serie de cuestionamientos pero votó en forma afirmativa al argumentar la intención de “darle al gobernador el instrumento para evitar el colapso social”. Manifestó preocupación por el déficit y por los recursos previstos para el servicio de la deuda, al tiempo que criticó el incremento mínimo del porcentaje asignado a educación y salud y advirtió que los fondos destinados a cultura se redujeron en un 27%. Desde NCN, Ayelén Quiroga comparó los presupuestos de la provincia con otras jurisdicciones provinciales y con el de la ciudad de Neuquén y le pidió al gobernador “que administre mejor los recursos que son de todos los neuquinos”. A su turno, el diputado Damián Canuto (PRO) recalcó que el presupuesto “es un certificado del fracaso del MPN para administrar”.
Al fundamentar el voto negativo, el diputado Eduardo Fuentes (FN) cuestionó la falta de planificación para la diversificación económica, la duplicación del déficit en relación al año anterior, el incremento de la deuda pública y la distribución de ingresos en términos territoriales. En relación a este punto, dijo que “la administración de Gutiérrez condenó a la zona centro de la provincia”, con solo 299 millones de pesos del total de 4.300 destinados a obra pública.
En similar sentido se pronunció Raúl Podestá (FG), quien coincidió en que “la zona centro es la más postergada” y dijo que el presupuesto “es un plan de coyuntura”. Además, criticó la delegación de facultades al Poder Ejecutivo que queda habilitado a reestructurar partidas sin el previo aval legislativo.
Desde el FPV, Guillermo Carnaghi dijo que el presupuesto se basa en “estimaciones que no son reales” y cuestionó la falta de prudencia en el cálculo de ingresos y egresos, a la vez que advirtió que incumple con la ley de coparticipación provincial.
La diputada Patricia Jure (FIT) indicó que es “es un presupuesto de colapso social, armado especialmente para habilitar el endeudamiento” y objetó la falta de inversión en programas de protección de violencia contra la mujer. En tanto, Raúl Godoy (PTS-FIT) consideró que es un “presupuesto de ajuste” al tiempo que hizo eje en la reducción de recursos para salud en un 1.3% respecto del año pasado, un 3.3% menos en educación y un 21% menos para la construcción de viviendas, que suman 625 en total.
Por Libres del Sur, el diputado Jesús Escobar aseguró que el presupuesto “subvalúa los ingresos”, ya que quedan 6.200 millones de pesos sin control legislativo, y criticó la falta de partidas para la implementación de la Ley de Alerta Hídrico Ambiental.
Finalmente, Gabriel Romero (FR) dijo que “hace años que no se manejan bien las finanzas de la provincia”, pero votó en forma afirmativa al argumentar que se trata de una herramienta de planificación para el Gobierno provincial.
El Presupuesto de la Administración Pública General para el 2018 proyecta ingresos por 58.420 millones de pesos y un total de gastos por 61.637 millones, lo que arroja un déficit del orden de los 3.216 millones de pesos. Entre los parámetros macronacionales se toma el valor del dólar a 16.4 pesos, con una proyección de la inflación del orden del 15.7% y un valor del barril del petróleo estimado en 56 dólares. En materia de gastos, el ítem personal representa casi el 57% del total, con un monto de 35 mil millones.
En tanto, el presupuesto del Poder Judicial –que obtuvo 26 votos positivos y 7 negativos- contempla para gastos en personal un monto de 2.979 millones de pesos, es decir, el 90% del total de recursos. La propuesta no prevé la creación de organismos nuevos. Por su parte, el presupuesto Legislativo, de 873 millones de pesos, se aprobó con 28 votos positivos y uno negativo.
Ley Orgánica de Ministerios
La Ley de Ministerios obtuvo 30 votos positivos y uno negativo. La norma aprueba la creación de una estructura administrativa integrada por los ministerios de Gobierno y Educación; Economía e Infraestructura; Ciudadanía; Producción e Industria; Turismo; Salud; Deporte, Cultura y Juventud; Trabajo, Desarrollo Social y Seguridad; y Energías y Recursos Naturales. Desde la oposición reconocieron la facultad del gobernador de reorganizar su estructura de gobierno, aunque se realizaron observaciones sobre superposición de funciones en distintas carteras y reclamaron la creación de un Ministerio de Ambiente.
La norma fue votada por todos los bloques presentes, a excepción de PTS-FIT.
Conjueces
El cuerpo también dio acuerdo a la nómina de 10 abogados propuestos por el Poder Ejecutivo para cubrir cargos como conjueces del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia, en conformidad con el artículo 239° de la Constitución Provincial y la ley Nº 2601.
Se votó cada integrante de la nómina en forma individual y la vigencia es por 4 años. La nómina quedó conformada por Alejandra Bozzano, María Alejandra Cerda, Alberto Dalla Villa, Carolina García, Elizabeth García Fleiss, Claudia Marconi, Emanuel Alfredo Roa Moreno, Gastón Rambeaud, Fernando Rubio y Daniel Varessio.
Salvo en los casos de Rambeaud –que obtuvo 27 votos- y Cerda –que logró 24-, el resto de las nominaciones obtuvo 25 votos. El bloque Libres del Sur se abstuvo en la votación por advertir irregularidades en la integración de la nómina.