SMA// La Defensoría de los Derechos del Niño y el Adolescente de San Martín de Los Andes presentó una acción de amparo y solicitó una medida cautelar al Consejo Provincial de Educación de la provincia para interceder en la situación de emergencia edilicia que atraviesa la Escuela Integral de Adolescentes y Jóvenes con Discapacidad N°3. El establecimiento no pudo terminar el ciclo lectivo 2017 con normalidad debido a que los propietarios del edificio tomaron posesión del mismo a mediados de noviembre al señalar que le debían el pago del alquiler desde el mes de abril.
Amparo al CPE por la situación de la Escuela Integral Nº3: “Queremos que nos digan ya donde van estudiar los chicos”
A la escuela asisten aproximadamente 100 estudiantes y desde la Defensoría señalan que es necesario que se reestablezcan las condiciones para que los jóvenes puedan volver a clases. Adelantándose al comienzo de un nuevo ciclo lectivo, busca acelerar los procesos necesarios para la habilitación del lugar. “Queremos que nos digan ahora donde van a estudiar los chicos”, reclamó en diálogo con Diario 7 Lagos Jose Luis Espinal, titular de La Defensoría de los Derechos del Niño y Adolescentes.
La acción de amparo presentada durante los últimos días de diciembre y que fue recibida durante la semana pasada busca impulsar la construcción de un edificio propio en el terreno que entienden que ya se le fue asignado al lado del CPEM 28. “Nosotros tenemos la información que Educación tendría ya un lugar para esta escuela que sería al lado del CPEM 28, aunque a nosotros no nos consta que todavía se haya materializado como obra”, explicó.
En este contexto es que Espinal en lo inmediato exige que la cartera provincial de Educación resuelva el problema del alquiler o comunique donde los estudiantes comenzarán las clases este año. “Hay que adelantarse a las cosas porque sino después tenemos los problemas del tiempo”.
En el amparo se enumeran las necesidades edilicias que requiere el establecimiento para dictar sus clases así como así también la urgencia en el pedido ya que se trata de jóvenes con discapacidad que requieren de una buena formación para tratar de equiparar sus oportunidades e integrarse lo más plenamente posible en la sociedad.
Por estos días esperan una respuesta de parte del Consejo Provincial de Educación que deberá expedirse sobre los requerimientos solicitados. Como objetivo final desde la Defensoría de los Derechos de Los Niños y Adolescentes exigen mayor presupuesto para la protección integral de este sector a partir de la aplicación de la Ley 2302.