Saloniti salió a responder todo: contundente defensa ante el pedido de juicio político
El intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, expuso este jueves durante casi cuatro horas ante el Concejo Deliberante para responder los seis cargos incluidos en un pedido de juicio político presentado por una vecina. La intervención se realizó durante una Sesión Especial convocada a pedido del propio jefe comunal, quien presentó documentación y antecedentes administrativos para fundamentar su defensa.
Luego de escuchar la exposición, el Concejo Deliberante pasó a un cuarto intermedio y deberá pronunciarse sobre la viabilidad de avanzar con el procedimiento de juicio político. Saloniti estuvo acompañado por integrantes de su gabinete y, en las inmediaciones del edificio legislativo, se concentraron vecinos, representantes sindicales, organizaciones sociales, comisiones barriales, instituciones deportivas y entidades de culto.
Los seis cuestionamientos que respondió Saloniti
Los cargos analizados abarcan diferentes áreas de la administración municipal: el sistema de saneamiento y la situación del lago Lácar, la deuda y los suministros eléctricos con el EPEN, una medida cautelar vinculada con el Convenio Colectivo de Trabajo, los controles sobre obras en el Cerro Chapelco, el funcionamiento de la Contraloría Municipal y la participación ciudadana dentro del Plan de Ordenamiento Territorial.
Durante su presentación, Saloniti entregó al cuerpo deliberativo expedientes, antecedentes administrativos y documentación técnica que, según sostuvo, permiten rechazar las acusaciones. “No les pido que compartan cada decisión de mi gobierno. No les pido que dejen de controlar. Les pido rigor”, expresó el mandatario al defender su actuación frente a los concejales.
Saneamiento, lago Lácar e inversiones
Sobre el primer cargo, relacionado con el sistema cloacal y el lago Lácar, Saloniti sostuvo que la Cooperativa de Agua Potable había aclarado que no existía un diagnóstico de “colapso general” del sistema. También enumeró inversiones realizadas y proyectadas para las plantas de tratamiento y aseguró que existen expedientes y licitaciones destinados a mejorar su funcionamiento.
Entre los números presentados mencionó un aporte provincial de más de $128 millones recibido por la Cooperativa en 2025 y proyectos actualmente en distintas etapas de ejecución. De acuerdo con la exposición del intendente, las inversiones actuales y proyectadas destinadas a las dos plantas alcanzan casi $1.552 millones, incluyendo equipamiento para tratamiento de lodos y mejoras en la Planta N°3.
La deuda con el EPEN
Respecto de la deuda municipal con el EPEN, Saloniti explicó que desde 2006 existe un mecanismo de compensación entre ambas instituciones y afirmó que el desequilibrio comenzó a registrarse en 2024 y se profundizó durante 2025. Entre los factores mencionó el aumento de las tarifas eléctricas, la expansión del alumbrado público y la incorporación de nuevos suministros.
El intendente indicó que existen 286 suministros eléctricos vinculados al municipio, de los cuales 150 corresponden al alumbrado público. También señaló que 204 ya existían antes de diciembre de 2019 y que durante su administración se incorporaron otros 82, relacionados principalmente con alumbrado, bombas, plazas, infraestructura, viviendas y espacios comunitarios. Según explicó, el municipio comenzó a refinanciar la deuda y revisar los suministros para corregir el desequilibrio.
La cautelar judicial y el Convenio Colectivo
En relación con la acusación por un supuesto desacato a una medida cautelar del Tribunal Superior de Justicia, Saloniti planteó que debe diferenciarse una discusión sobre la constitucionalidad de una norma de un eventual incumplimiento judicial. Según su defensa, el municipio puede sostener una posición jurídica respecto de una norma y, simultáneamente, cumplir una resolución cautelar que suspenda sus efectos.
El jefe comunal sostuvo que para atribuirle una responsabilidad política debería identificarse una conducta concreta y personal que haya contradicho una orden judicial. “La responsabilidad política no puede fundarse en abstracciones”, afirmó durante su presentación ante el cuerpo deliberativo.
Los controles sobre las obras en Chapelco
Otro de los puntos estuvo relacionado con las obras realizadas en el Cerro Chapelco y el ejercicio del poder de policía ambiental. Saloniti aseguró que el municipio realizó inspecciones, paralizó trabajos, solicitó documentación, exigió medidas de mitigación y labró infracciones durante el procedimiento administrativo.
Como ejemplo, mencionó que el 30 de enero de 2026 se detectaron movimientos de suelo sin autorización municipal en la playa de estacionamiento y se dispuso la paralización de los trabajos. También recordó que el 23 de abril el Concejo Deliberante aprobó mediante la Ordenanza 15.593/26 la factibilidad ambiental correspondiente a ese sector. Respecto de otras inversiones en Chapelco, sostuvo que algunas pertenecen a procedimientos y competencias provinciales y no exclusivamente municipales.
Contraloría y participación ciudadana
Sobre la supuesta obstrucción de la Contraloría Municipal, Saloniti afirmó que el organismo debe ejercer plenamente sus funciones de control y señaló que las notas enviadas al Ejecutivo fueron respondidas “en su enorme mayoría”, mientras que otras permanecen bajo análisis de las áreas correspondientes. El intendente diferenció, además, las atribuciones de control de la Contraloría de las responsabilidades administrativas del Ejecutivo.
El último cargo estuvo vinculado con la participación ciudadana en el Plan de Ordenamiento Territorial. Saloniti rechazó que se haya intentado evitar una audiencia pública y explicó que esa instancia deberá realizarse cuando el proyecto de Código de Planeamiento Urbano llegue al procedimiento de aprobación correspondiente. Como respaldo, enumeró reuniones con colegios profesionales, juntas vecinales, cámaras empresariales, prestadores de servicios y distintas áreas municipales, además de once comisiones temáticas que funcionaron durante cuatro semanas.
El Concejo deberá resolver la continuidad del proceso
En el cierre de su exposición, Saloniti reconoció que su administración enfrenta problemas y aspectos por corregir, pero rechazó que esas situaciones constituyan causales para una eventual destitución. “Una cosa es controlar a un gobierno y otra muy distinta es transformar las dificultades propias de gobernar en una causal de destitución”, sostuvo.
Ahora la atención queda puesta en la decisión del Concejo Deliberante de San Martín de los Andes, que deberá evaluar la documentación, los argumentos presentados y los cargos formulados para determinar si existen elementos suficientes para avanzar con el proceso de juicio político contra el intendente.